Una opción razonable para la escasez de agua en Barcelona sería organizar la cesión de derechos de riego al área metropolitana mientras dure la sequía, a cambio de las pertinentes compensaciones económicas
07/04/2008
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Resultado 64 votos
La sequía aprieta en Cataluña y pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre el agua, que vuelve a usarse como arma política. Ante todo, es importante aclarar que, más allá de la grave situación de emergencia actual, Barcelona tendrá asegurada la provisión de recursos hídricos en un futuro cercano, incluso en circunstancias de sequía extrema. Barcelona vive sobre un acuífero: el que forman las aguas subterráneas del aluvial del Besòs y del Llobregat. De hecho, el metro de Barcelona ha venido bombeando en el pasado millones de metros cúbicos al año para evitar que se inundaran sus galerías.
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Para paliar la sequía de Sevilla bastó ofrecer siete pesetas por metro cúbico a quienes cedieran agua
El mar y el acuífero ofrecen a Barcelona agua más que suficiente si se saben utilizar
El problema, al igual que en otras cuencas y comunidades autónomas, es que hemos contaminado de forma irresponsable esos acuíferos. Aunque la Directiva Marco del Agua nos obliga a cuidar el buen estado de las masas de agua, recuperar un acuífero puede requerir décadas. Sin embargo, obtener hoy aguas de calidad de esos acuíferos es perfectamente viable, aplicando una ósmosis inversa, similar a la que permite desalar aguas marinas. Hoy, con las nuevas tecnologías disponibles (cámaras isobáricas, membranas de baja presión...) podemos obtener aguas excelentes de esos acuíferos por menos de 0,25 euros por metro cúbico (€/m3); y conviene recordar que un metro cúbico son mil litros. En todo caso, Barcelona, al igual que el resto de ciudades costeras, dispone del mar, que puede ser fuente de aguas desalinizadas por ósmosis inversa, incluso en circunstancias de sequía, por apenas 0,4 €/m3.
Respecto al clamor demagógico de esas "aguas que se perdieron en el mar" durante la última crecida del Ebro, de nuevo sería necesario llamar a la sensatez a quienes tienen la obligación de disponer de información y de un mínimo de formación. Más allá de la importancia ecológica de esas crecidas y de su vital trascendencia para las pesquerías marinas, cuando un río baja en crecida, sea el Ebro, el Júcar o el Segura, lo único que se puede hacer es evacuar caudales al mar. Por un gran canal, para eventuales trasvases, apenas podría derivarse el 2% de una riada ordinaria.
Ante los agrios debates reabiertos, es necesario aclarar que los trasvases son una pésima estrategia para prevenir y gestionar sequías. La razón radica en que las sequías no son locales sino regionales. En nuestro caso suelen afectar, cuando menos al área mediterránea. Por ello, cuando el Segura entra en sequía, el Júcar, el Ebro y el Llobregat suelen sufrir también, en una u otra medida, estrés hídrico. El propio Plan Hidrológico promovido en su día por el Partido Popular preveía, eso sí, en la letra pequeña de los anexos, que el 20% de los años, es decir, los años de sequía, no se podría trasvasar ni un metro cúbico.
La Agencia Catalana del Agua es consciente de todo ello y, de hecho, tiene diseñado un plan muy razonable basado en las opciones de desalar aguas de mar y desalobrar aguas del acuífero del Llobregat (la desalobración del acuífero del Besòs ya está en servicio). El problema es que la gran planta de ósmosis inversa del Llobregat, en construcción, que ofrecerá 200.000 metros cúbicos al día, por desalación de aguas marinas o de aguas del acuífero, no llega a tiempo para resolver las angustias actuales.
Se trata, por tanto, de poner en marcha un plan de emergencia coyuntural muy especial, que probablemente no haya que reeditar nunca más en el futuro. Un plan en el que hemos de poner sobre la mesa todas las posibilidades, para acabar escogiendo las que sean más razonables desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La ministra Narbona, en su primera intervención sobre la cuestión, ofreció una opción muy razonable: organizar con urgencia lo que se denomina en la Ley de Aguas un "centro de intercambio", similar a los famosos bancos de agua de California. Tal centro debería negociar la cesión de derechos de riego al área metropolitana de Barcelona, mientras dure la sequía, a cambio de las pertinentes compensaciones económicas. A principios de los noventa, Sevilla sufrió dramáticos cortes de agua que afectaron a cientos de miles de familias. Hoy, probablemente, pocos recuerden cómo se resolvió la situación. Pues bien, no fue preciso ni un trasvase desde el Miño, ni una desaladora en Sanlúcar. Bastó con un anuncio en prensa que ofrecía 7 pesetas por metro cúbico a los regantes del Bajo Guadalquivir que quisieran ceder caudales a Sevilla (por entonces, regando arroz o algodón obtenían un beneficio neto que no llegaba a 4 pesetas por metro cúbico).
Obviamente el regadío en Cuencas Internas de Cataluña no es el del Bajo Guadalquivir; pero esta opción puede ofrecer caudales no despreciables. Aunque en el Llobregat, al parecer, ya se han intercambiado las aguas de riego por retornos depurados, y en el Besòs hay poco regadío, habría que explorar a fondo todas las posibilidades, incluyendo los regadíos del Ter. Regadíos que demandarían compensaciones de cierta entidad, al estar en juego cosechas de fruta y hortaliza. Sin embargo, reservando caudales para garantizar la vida de los árboles, la compensación de las cosechas sería el único coste a cubrir, al existir infraestructuras de transporte a Barcelona. Desgraciadamente, en esta ocasión, el Ter también sufre la sequía y hay escasos caudales de riego.
El transporte de aguas en barco desde el sur de Francia debería suponer menos de 5 €/m3. Sin embargo, la premura de la situación y la falta de escrúpulos de las navieras están disparando los costes. Por otro lado, un trasvase de emergencia desde el Alto Segre tiene varios problemas: en primer lugar, el Segre, que también está en sequía, no ofrece hoy por hoy caudales disponibles; por otro lado, si llegara a haber caudales, los regantes leridanos reclamarían sus derechos; y por último, los movimientos ciudadanos del Bajo Ebro reclamarían esas aguas para preservar el Delta. La opción de trasvasar desde el Alto Segre sólo caudales adquiridos previamente a los regantes, permitiría garantizar en el Delta el mismo caudal que hubiera llegado si no se produjese ese trasvase coyuntural. En todo caso, el coste del metro cúbico podría elevarse por encima de 3 o 4 €/m3, sobre todo por la amortización de unas obras que sólo servirían en esta ocasión, para luego desmontarse.
El resto de opciones de trasvase barajadas, en ningún caso llegarían a tiempo para resolver la emergencia en cuestión y, por tanto, deberían contrastarse con la alternativa de desalación en curso, explicada anteriormente. A este respecto convendría recordar que hace ya más de una década, los presupuestos previstos para el trasvase del Ródano suponían 0,7 €/m3. Hoy no sería menos de 1 €/m3; es decir, cuatro veces más que desalobrar aguas del acuífero y más del doble que desalar aguas marinas.
Me temo que el calendario electoral y la irresponsabilidad política de unos y otros nos han llevado a un punto en el que, una situación de por sí difícil se está convirtiendo en mucho más difícil. Y hablo de irresponsabilidad de unos y otros porque, más allá de las responsabilidades evidentes de la Generalitat, debemos considerar las de una oposición dispuesta a transformarlo todo en arma electoral.
En este contexto se puede comprender, aunque no justificar, la tardanza en abordar los pertinentes procesos de negociación con las diversas partes implicadas en posibles soluciones. Emergen incluso responsabilidades del Gobierno central y de Gobiernos autónomos, como el de Aragón y el de Navarra, a la hora de asumir los caudales ambientales mínimos en el Delta que los expertos propusieron hace ya tiempo. Ello exige, de una vez por todas, redimensionar las pretensiones insostenibles de nuevos regadíos en estas comunidades, e incluso en Cataluña, donde la Generalitat sigue promoviendo enormes superficies de nuevos regadíos. Mientras esto no quede claro, cualquier propuesta de trasvases desde la Cuenca del Ebro contará, y con razón, con una fuerte oposición, cuando menos en el Delta.
Se dice que no hay mal que por bien no venga. Esperemos que así sea y que este mal trago nos lleve a organizar adecuadamente nuestra inteligencia colectiva frente al cambio climático.
Pedro Arrojo Agudo pertenece al Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.
07/04/2008
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La sequía aprieta en Cataluña y pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre el agua, que vuelve a usarse como arma política. Ante todo, es importante aclarar que, más allá de la grave situación de emergencia actual, Barcelona tendrá asegurada la provisión de recursos hídricos en un futuro cercano, incluso en circunstancias de sequía extrema. Barcelona vive sobre un acuífero: el que forman las aguas subterráneas del aluvial del Besòs y del Llobregat. De hecho, el metro de Barcelona ha venido bombeando en el pasado millones de metros cúbicos al año para evitar que se inundaran sus galerías.
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Para paliar la sequía de Sevilla bastó ofrecer siete pesetas por metro cúbico a quienes cedieran agua
El mar y el acuífero ofrecen a Barcelona agua más que suficiente si se saben utilizar
El problema, al igual que en otras cuencas y comunidades autónomas, es que hemos contaminado de forma irresponsable esos acuíferos. Aunque la Directiva Marco del Agua nos obliga a cuidar el buen estado de las masas de agua, recuperar un acuífero puede requerir décadas. Sin embargo, obtener hoy aguas de calidad de esos acuíferos es perfectamente viable, aplicando una ósmosis inversa, similar a la que permite desalar aguas marinas. Hoy, con las nuevas tecnologías disponibles (cámaras isobáricas, membranas de baja presión...) podemos obtener aguas excelentes de esos acuíferos por menos de 0,25 euros por metro cúbico (€/m3); y conviene recordar que un metro cúbico son mil litros. En todo caso, Barcelona, al igual que el resto de ciudades costeras, dispone del mar, que puede ser fuente de aguas desalinizadas por ósmosis inversa, incluso en circunstancias de sequía, por apenas 0,4 €/m3.
Respecto al clamor demagógico de esas "aguas que se perdieron en el mar" durante la última crecida del Ebro, de nuevo sería necesario llamar a la sensatez a quienes tienen la obligación de disponer de información y de un mínimo de formación. Más allá de la importancia ecológica de esas crecidas y de su vital trascendencia para las pesquerías marinas, cuando un río baja en crecida, sea el Ebro, el Júcar o el Segura, lo único que se puede hacer es evacuar caudales al mar. Por un gran canal, para eventuales trasvases, apenas podría derivarse el 2% de una riada ordinaria.
Ante los agrios debates reabiertos, es necesario aclarar que los trasvases son una pésima estrategia para prevenir y gestionar sequías. La razón radica en que las sequías no son locales sino regionales. En nuestro caso suelen afectar, cuando menos al área mediterránea. Por ello, cuando el Segura entra en sequía, el Júcar, el Ebro y el Llobregat suelen sufrir también, en una u otra medida, estrés hídrico. El propio Plan Hidrológico promovido en su día por el Partido Popular preveía, eso sí, en la letra pequeña de los anexos, que el 20% de los años, es decir, los años de sequía, no se podría trasvasar ni un metro cúbico.
La Agencia Catalana del Agua es consciente de todo ello y, de hecho, tiene diseñado un plan muy razonable basado en las opciones de desalar aguas de mar y desalobrar aguas del acuífero del Llobregat (la desalobración del acuífero del Besòs ya está en servicio). El problema es que la gran planta de ósmosis inversa del Llobregat, en construcción, que ofrecerá 200.000 metros cúbicos al día, por desalación de aguas marinas o de aguas del acuífero, no llega a tiempo para resolver las angustias actuales.
Se trata, por tanto, de poner en marcha un plan de emergencia coyuntural muy especial, que probablemente no haya que reeditar nunca más en el futuro. Un plan en el que hemos de poner sobre la mesa todas las posibilidades, para acabar escogiendo las que sean más razonables desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La ministra Narbona, en su primera intervención sobre la cuestión, ofreció una opción muy razonable: organizar con urgencia lo que se denomina en la Ley de Aguas un "centro de intercambio", similar a los famosos bancos de agua de California. Tal centro debería negociar la cesión de derechos de riego al área metropolitana de Barcelona, mientras dure la sequía, a cambio de las pertinentes compensaciones económicas. A principios de los noventa, Sevilla sufrió dramáticos cortes de agua que afectaron a cientos de miles de familias. Hoy, probablemente, pocos recuerden cómo se resolvió la situación. Pues bien, no fue preciso ni un trasvase desde el Miño, ni una desaladora en Sanlúcar. Bastó con un anuncio en prensa que ofrecía 7 pesetas por metro cúbico a los regantes del Bajo Guadalquivir que quisieran ceder caudales a Sevilla (por entonces, regando arroz o algodón obtenían un beneficio neto que no llegaba a 4 pesetas por metro cúbico).
Obviamente el regadío en Cuencas Internas de Cataluña no es el del Bajo Guadalquivir; pero esta opción puede ofrecer caudales no despreciables. Aunque en el Llobregat, al parecer, ya se han intercambiado las aguas de riego por retornos depurados, y en el Besòs hay poco regadío, habría que explorar a fondo todas las posibilidades, incluyendo los regadíos del Ter. Regadíos que demandarían compensaciones de cierta entidad, al estar en juego cosechas de fruta y hortaliza. Sin embargo, reservando caudales para garantizar la vida de los árboles, la compensación de las cosechas sería el único coste a cubrir, al existir infraestructuras de transporte a Barcelona. Desgraciadamente, en esta ocasión, el Ter también sufre la sequía y hay escasos caudales de riego.
El transporte de aguas en barco desde el sur de Francia debería suponer menos de 5 €/m3. Sin embargo, la premura de la situación y la falta de escrúpulos de las navieras están disparando los costes. Por otro lado, un trasvase de emergencia desde el Alto Segre tiene varios problemas: en primer lugar, el Segre, que también está en sequía, no ofrece hoy por hoy caudales disponibles; por otro lado, si llegara a haber caudales, los regantes leridanos reclamarían sus derechos; y por último, los movimientos ciudadanos del Bajo Ebro reclamarían esas aguas para preservar el Delta. La opción de trasvasar desde el Alto Segre sólo caudales adquiridos previamente a los regantes, permitiría garantizar en el Delta el mismo caudal que hubiera llegado si no se produjese ese trasvase coyuntural. En todo caso, el coste del metro cúbico podría elevarse por encima de 3 o 4 €/m3, sobre todo por la amortización de unas obras que sólo servirían en esta ocasión, para luego desmontarse.
El resto de opciones de trasvase barajadas, en ningún caso llegarían a tiempo para resolver la emergencia en cuestión y, por tanto, deberían contrastarse con la alternativa de desalación en curso, explicada anteriormente. A este respecto convendría recordar que hace ya más de una década, los presupuestos previstos para el trasvase del Ródano suponían 0,7 €/m3. Hoy no sería menos de 1 €/m3; es decir, cuatro veces más que desalobrar aguas del acuífero y más del doble que desalar aguas marinas.
Me temo que el calendario electoral y la irresponsabilidad política de unos y otros nos han llevado a un punto en el que, una situación de por sí difícil se está convirtiendo en mucho más difícil. Y hablo de irresponsabilidad de unos y otros porque, más allá de las responsabilidades evidentes de la Generalitat, debemos considerar las de una oposición dispuesta a transformarlo todo en arma electoral.
En este contexto se puede comprender, aunque no justificar, la tardanza en abordar los pertinentes procesos de negociación con las diversas partes implicadas en posibles soluciones. Emergen incluso responsabilidades del Gobierno central y de Gobiernos autónomos, como el de Aragón y el de Navarra, a la hora de asumir los caudales ambientales mínimos en el Delta que los expertos propusieron hace ya tiempo. Ello exige, de una vez por todas, redimensionar las pretensiones insostenibles de nuevos regadíos en estas comunidades, e incluso en Cataluña, donde la Generalitat sigue promoviendo enormes superficies de nuevos regadíos. Mientras esto no quede claro, cualquier propuesta de trasvases desde la Cuenca del Ebro contará, y con razón, con una fuerte oposición, cuando menos en el Delta.
Se dice que no hay mal que por bien no venga. Esperemos que así sea y que este mal trago nos lleve a organizar adecuadamente nuestra inteligencia colectiva frente al cambio climático.
Pedro Arrojo Agudo pertenece al Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.
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